Magdalena Navarro Vitar y Anabella Patricia Maza Villalba tienen cuatro puntos en común: 1) las dos fueron ascendidas “interinamente” dos veces en menos de ocho meses mediante las mismas resoluciones; 2) las dos pasaron de prosecretarias “C” a secretarias judiciales “A”; 3) las dos accedieron a la condición de auxiliar, uno de los puestos más altos y sensibles del Ministerio Público de la Defensa de Tucumán, y 4) los padres de las dos son autoridades de la institución en la que aquellas trabajan porque, mientras Washington Navarro Dávila se desempeña como jefe de los defensores, Silvio Maza Villalba es titular de la Defensoría de Niñez, Adolescencia y Capacidades Restringidas N°2 de esta capital.

Las similitudes surgen del cotejo de dos resoluciones filtradas puesto que, a diferencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, los ministerios públicos a cargo de Navarro Dávila y de Edmundo Jiménez (fiscales) no publicitan las decisiones administrativas que emiten. Se trata de los instrumentos 595/19 del 6 de diciembre de 2019 y 135/20 del 29 de julio de 2020 que firmó Navarro Dávila. Durante un diálogo muy ameno sostenido ayer, el defensor oficial Maza Villalba admitió el parentesco, pero prefirió no hacer comentarios sobre las promociones.

Según la Resolución 135/20, las descendientes de Navarro Dávila y de Maza Villalba llegaron a sus cargos actuales (secretarias judiciales “A”) junto a los agentes Luciana Nicole Filmann, Gustavo Eduardo Estofán, Mariana Elizabeth Merletti, María José Ahumada, Eduardo Jorge Aguilera (h) y Bernardo José Palisa. Navarro Vitar, Anabella Maza Villalba y Filmann previamente habían pasado de encargadas auxiliares a prosecretarias “C” en virtud de la Resolución 595/19 (este instrumento también ascendió a la abogada Verónica Natalia Lazarte). La escala salarial vigente otorga al secretario judicial “A” un sueldo básico mensual de $ 140.000: a ello hay que sumar el 50% del importe por título y el 2% por año de antigüedad, menos los descuentos previsionales.

Anabella Maza Villalba fue afectada a trabajar como auxiliar de la Defensoría Oficial en lo Penal Nº5 de San Miguel de Tucumán. Fuentes de la Defensa acotaron que la hija de Maza Villalba había obtenido por concurso su primer empleo judicial (una ayudantía) poco antes de que los ministerios públicos fuesen separados en los órganos actuales. Es la exacta situación informada respecto de Navarro Vitar.

El instrumento 135/20 consigna que Navarro Dávila analizó los antecedentes de los promovidos a auxiliares-secretarios judiciales “A”; que estos contribuirán a la implementación total del nuevo Código Procesal Penal prevista para el 1 de septiembre próximo y que la ley faculta a disponer los ascensos sin más trámites. Con el argumento de que esa discrecionalidad había sido empleada por Navarro Dávila y Jiménez para colocar a parientes y a amigos, y de que casi no hay diferencia entre los auxiliares, y los defensores oficiales y fiscales en propiedad, seis legisladores propusieron el martes que los funcionarios concursen. El proyecto de ley lleva la firma de José María Canelada, Federico Masso, José Ascárate, Walter Berarducci, Raúl Pellegrini y Raúl Albarracín.

El de Anabella Maza Villalba es el último eslabón de una serie de revelaciones de ascensos y nombramientos de parientes de autoridades judiciales que empezó por la propia Corte y la noticia de que ya trabajaban allí los hijos de tres vocales. Ante esas constataciones, el Colegio de Abogados de la Capital pidió a las cabezas de la organización judicial que apliquen medidas anti-nepotismo. El debate sigue en las entidades intermedias (se informa por separado), con la novedad de que ni Marcela Ruiz, presidenta de la Asociación de Magistrados, ni María Elisa Gallo, titular del Centro de Funcionarios Judiciales, ni los sindicalistas María Nélida Paz y Enrique Vergara Altuve quisieron referirse al tema. Por el contrario, los dirigentes Marcelo Billone, Gustavo Geria Lépore, Alejandra Martínez y Omar Maldonado rechazaron el concepto de “la familia judicial”.